Entre 1960 y 2008 el producto per cápita de México cayó 14% comparado
con el de Estados Unidos. Esto ocurrió a pesar de que la acumulación de capital
y el crecimiento de la fuerza de trabajo en México superaron al de Estados
Unidos en 24%.
La explicación a lo anterior, es que la productividad estadunidense
creció más rápidamente que la mexicana.
El problema central de nuestro bajo crecimiento no está en la tasa de
ahorro ni en la de inversión o en la falta de “creación de empleos”. Crecemos
lentamente porque la productividad está estancada. Se invierte en empresas y se
crean empleos de baja productividad y para crecer rápidamente se necesitan
empresas y empleos productivos.
La economía informal, la que no paga impuestos ni otorga seguridades
sociales, es una fuente muy importante de baja productividad. Un peso de
capital y trabajo invertido en el sector formal rinde entre 28% y 50% más que
el mismo peso invertido en el sector informal. La informalidad se genera por
distorsiones del régimen fiscal y de seguridad social.
La seguridad social en México está segmentada según el trabajo que se
tiene. Hay dos grandes clases de trabajadores: asalariados y no asalariados. Los asalariados tienen un “patrón”
(empresa), cobran un salario y pagan impuestos en el lugar de trabajo. Estos
trabajadores son sujetos de la seguridad social contributiva (SSC).
Los no asalariados trabajan por cuenta propia y no reciben un salario
sino pagos por comisión o por destajo. Un gran número de empresas evade la ley,
y sólo una parte de los asalariados está cubierta por la SSC. Ésos son los
trabajadores formales.
Los trabajadores informales son los no asalariados y aquellos
asalariados contratados ilegalmente por sus empresas. Reciben beneficios de la
SSNC a través de diversos programas dispersos de salud, pensiones de retiro,
guarderías y subsidios a la vivienda. No contribuyen para esos beneficios cuyo
costo, equivalente en 2008 al 1.25% del PIB, es absorbido ciento por ciento por
el gobierno.
La SSC genera un impuesto al empleo formal: empresas y trabajadores
pagan por beneficios sociales que los trabajadores no valoran del todo. La SSNC
representa un subsidio al empleo informal: los trabajadores reciben beneficios
sociales que ni ellos, ni las empresas, pagan directamente.
El impuesto al empleo formal genera varias distorsiones:
1. Induce a las empresas a evadir el pago de sus contribuciones a la
seguridad social reduciendo su tamaño.
2. Genera elusión fiscal mediante rotación de trabajadores, manipulación
del tiempo de los contratos y formas de contratación.
3. Fomenta el empleo por cuenta propia y la proliferación de empresas
familiares sin relación obrero-patronal.
El subsidio al empleo informal agrava los tres problemas anteriores y
además subsidia la evasión de Impuestos.
Según el Censo Económico de 2008 en México había tres millones 735 mil
347 establecimientos económicos. Del total de esos establecimientos sólo 795
mil 466 estaban registrados en el IMSS. El censo sólo mide la actividad
económica en zonas urbanas que tienen un establecimiento fijo. Prácticamente
todo el empleo urbano y rural no captado en el censo es informal. Comparando
los censos de 1998 y 2008 encontramos que la informalidad de las empresas
aumentó, al igual que la informalidad en el empleo.
México puede estar atrapado en un círculo vicioso de informalidad y baja
productividad. Esto quiere decir que el impuesto al empleo formal fomenta
empresas precarias que evaden y generan malos empleos; también fomenta excesivo
empleo por cuenta propia. Muchos trabajadores quedan excluidos de la SSC.
Esto equivale a premiar con subsidios la informalidad y a estimular su
reproducción, lo cual a su vez redunda en más empresas precarias que evaden y
generan empleos poco productivos, y más empleo por cuenta propia.
La situación plantea un dilema entre productividad y bienestar social.
La informalidad es el resultado de muchas décadas de una economía que ha
gravado el empleo formal y subsidiado el informal.
La raíz del problema está en el financiamiento asimétrico de la
seguridad social en función del estatus laboral del trabajador. Esta asimetría
resulta en que algunos trabajadores tienen derechos de seguridad social y otros
no.
Se puede decir, que los trabajadores formales pagan un impuesto conocido
como contribución a la seguridad social, y otro impuesto conocido como IVA,
mientras que los trabajadores informales también pagan un impuesto, el IVA.
La mezcla también es contraproducente, porque castiga a los empleos
productivos y subsidia a los improductivos, con lo cual todos los trabajadores
pierden, ya que los salarios de todos son más bajos.
Además, esta mezcla genera un problema muy grave: segmenta
permanentemente al país en un sector formal y otro informal, lo cual atenta
contra la cohesión social.
Esbozamos una propuesta de seguridad social universal para otorgar
derechos iguales a todos los trabajadores (menos a los del sector público) independientemente
de su estatus laboral. La propuesta tiene tres partes.
La primera otorga a todos los trabajadores:
1. Un seguro de salud igual al que hoy día reciben los trabajadores
formales (paquete IMSS).
2. Una contribución a la cuenta individual de retiro igual a la que hoy
día recibe un trabajador que gana dos salarios mínimos, pero durante toda su
vida laboral (no sólo cuando es asalariado).
3. Un seguro de invalidez y de vida también con cobertura de dos
salarios mínimos.
La segunda parte agrega para los trabajadores asalariados:
1. Un seguro de riesgos de trabajo y otro de guarderías, igual al que
hoy reciben los afiliados al IMSS.
2. Contribuciones complementarias para pensiones de retiro y para el
seguro de invalidez y vida que igualen las que reciben hoy los afiliados al
IMSS.
3. Garantía de pensión mínima de retiro igual a la que hoy tienen los
afiliados al IMSS.
La tercera parte supone:
1. Transferencias directas a las familias pobres para compensar el
impacto de los impuestos al consumo con que se financiaría el sistema.
2. Compensación a los gobiernos estatales por las menores
participaciones que recibirían dado que parte de los impuestos al consumo
estarían etiquetados para seguridad social.
3. Terminar con el impuesto a la nómina para la vivienda (Infonavit).
4. Absorber el pasivo laboral del IMSS por el gobierno federal.
Los beneficios de la segunda parte, al ser sólo para asalariados, se
pagarían con una contribución patronal sobre la nómina.
¿De dónde saldrían los recursos faltantes? Cálculos con Arturo Antón y
Fausto Hernández sugieren que una homologación de todas las tasas del IVA a
16%, reduciendo al mismo tiempo los impuestos a la nómina.
¿Es posible lo anterior? La recaudación por IVA en 2008 fue de 3.8% del
PIB. La propuesta implica aumentarla a 7.1%. Parece un gran salto, pero esta
cifra es inferior a lo que ya han conseguido recaudar otros países
latinoamericanos con impuestos al consumo.
Si la recaudación fuese menor, el déficit no financiado sería mayor.
Ello requeriría de medidas de ajuste de gasto, medidas adicionales de
fortalecimiento de ingresos (por ejemplo, fijar los impuestos al consumo en 17%
y no 16%), eliminar subsidios regresivos (¡gasolinas!) o reducir los beneficios
propuestos.
Una observación: la Ley del Seguro Social de 1997, que creó el sistema
de cuentas individuales para el retiro, implicó un déficit no financiado de
alrededor de 1.2% del PIB. O sea, en el momento de esa reforma los números “no
daban”. Pero el déficit fue transitorio y se absorbió en tres años.
Todos los recursos de la CSSU entrarían a un apartado nuevo del
presupuesto federal, el Fondo Nacional para la Seguridad Social Universal
(FNSSU), cuyos propósitos serían cuatro.
1. Exigibilidad de los derechos sociales de los trabajadores.
2. Transparencia y rendición de cuentas.
3.
Sustentabilidad
fiscal.
4. Vínculo directo entre beneficios y contribuciones.
El impacto sobre los estados en un principio será que los gobiernos
estatales no tendrían ningún costo financiero.
La propuesta tiene tres impactos sobre las familias pobres:
·
Uno negativo por el
aumento en los gravámenes al consumo.
·
Otro positivo por
acceso a mejores beneficios de seguridad social.
·
Uno más positivo al
eliminarse el impuesto al empleo formal y el subsidio al empleo informal, lo
que permite combatir la pobreza por la vía del empleo productivo. La propuesta
contribuye también a reducir la desigualdad en la distribución del ingreso.
Si esos beneficios se distribuyen de forma pareja entre todos los
quintiles, el resultado neto es una redistribución del 40% de los hogares más
ricos, hacia el 60% de los hogares más pobres.
Todos los trabajadores ahorrarían para su pensión de retiro todo el
tiempo.
La desgravación de la nómina es sustantiva; estimularía decisivamente el
empleo en las empresas formales y legales. Además, como los beneficios comunes
para todos los trabajadores serían financiados de una fuente común ajena al
estatus laboral (el FNSSU), el subsidio a la informalidad desaparecería; ningún
trabajador informal recibiría beneficios de forma gratuita que perdería por
obtener un empleo formal. Por esos dos mecanismos, el resultado sería fomentar
el empleo productivo y desincentivar el improductivo.
Al desgravar más la nómina en los salarios más bajos y eliminar el
subsidio a la informalidad, la propuesta corrige un aspecto particularmente
perverso del sistema actual: que el impuesto a la formalidad y el subsidio a la
informalidad es mayor para los trabajadores de más bajos salarios.
El conjunto de medidas descritas modificaría profundamente la relación
entre empresas y trabajadores en México, para bien de ambos.
Los incentivos a la ilegalidad serían menores. Se reduciría la rotación
de trabajadores inducida por las estrategias de evasión y elusión.
Como conclusión de la propuesta y los datos expuestos, México no debe
construir un Estado de bienestar sobre una base fiscal angosta completada por
la renta petrolera. Tampoco debe combatir la pobreza sólo con transferencias de
ingreso, ni aspirar a una prosperidad duradera sobre el estancamiento de la
productividad; menos debe subsidiar las conductas evasivas y minar el Estado de
derecho.
México necesita aumentar la tasa de crecimiento, para lo cual es
indispensable aumentar la productividad y el ahorro. Debe fortalecer la
inclusión social y la equidad, construyendo un Estado de bienestar moderno y
eficaz. Debe acelerar el combate a la pobreza, reconvirtiendo empleos
improductivos a productivos. Debe, finalmente, fortalecer su democracia,
estableciendo un vínculo claro entre derechos y obligaciones.
Tenemos que transitar simultáneamente por la ruta de la equidad y de la
productividad, no una a costa de la otra, o sólo una y no la otra.
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