- La economía informal, la que no paga impuestos ni otorga seguridades sociales, es una fuente muy importante de baja productividad.
- La seguridad social en México está segmentada según el trabajo que se tiene. Hay dos grandes clases de trabajadores: asalariados y no asalariados.
- El censo sólo mide la actividad económica en zonas urbanas que tienen un establecimiento fijo. Prácticamente todo el empleo urbano y rural no captado en el censo es informal.
- Se puede decir, que los trabajadores formales pagan un impuesto conocido como contribución a la seguridad social, y otro impuesto conocido como IVA, mientras que los trabajadores informales también pagan un impuesto, el IVA.
- ¿De dónde saldrían los recursos faltantes? Cálculos con Arturo Antón y Fausto Hernández sugieren que una homologación de todas las tasas del IVA a 16%, reduciendo al mismo tiempo los impuestos a la nómina.
- La propuesta tiene tres impactos sobre las familias pobres: Uno negativo por el aumento en los gravámenes al consumo. Otro positivo por acceso a mejores beneficios de seguridad social. Uno más positivo al eliminarse el impuesto al empleo formal y el subsidio al empleo informal, lo que permite combatir la pobreza por la vía del empleo productivo. La propuesta contribuye también a reducir la desigualdad en la distribución del ingreso.
Teoria del Estado
martes, 13 de noviembre de 2012
Analisis de Seguridad Social Universal en México
domingo, 11 de noviembre de 2012
Seguridad Social Universal, un camino para México
Entre 1960 y 2008 el producto per cápita de México cayó 14% comparado
con el de Estados Unidos. Esto ocurrió a pesar de que la acumulación de capital
y el crecimiento de la fuerza de trabajo en México superaron al de Estados
Unidos en 24%.
La explicación a lo anterior, es que la productividad estadunidense
creció más rápidamente que la mexicana.
El problema central de nuestro bajo crecimiento no está en la tasa de
ahorro ni en la de inversión o en la falta de “creación de empleos”. Crecemos
lentamente porque la productividad está estancada. Se invierte en empresas y se
crean empleos de baja productividad y para crecer rápidamente se necesitan
empresas y empleos productivos.
La economía informal, la que no paga impuestos ni otorga seguridades
sociales, es una fuente muy importante de baja productividad. Un peso de
capital y trabajo invertido en el sector formal rinde entre 28% y 50% más que
el mismo peso invertido en el sector informal. La informalidad se genera por
distorsiones del régimen fiscal y de seguridad social.
La seguridad social en México está segmentada según el trabajo que se
tiene. Hay dos grandes clases de trabajadores: asalariados y no asalariados. Los asalariados tienen un “patrón”
(empresa), cobran un salario y pagan impuestos en el lugar de trabajo. Estos
trabajadores son sujetos de la seguridad social contributiva (SSC).
Los no asalariados trabajan por cuenta propia y no reciben un salario
sino pagos por comisión o por destajo. Un gran número de empresas evade la ley,
y sólo una parte de los asalariados está cubierta por la SSC. Ésos son los
trabajadores formales.
Los trabajadores informales son los no asalariados y aquellos
asalariados contratados ilegalmente por sus empresas. Reciben beneficios de la
SSNC a través de diversos programas dispersos de salud, pensiones de retiro,
guarderías y subsidios a la vivienda. No contribuyen para esos beneficios cuyo
costo, equivalente en 2008 al 1.25% del PIB, es absorbido ciento por ciento por
el gobierno.
La SSC genera un impuesto al empleo formal: empresas y trabajadores
pagan por beneficios sociales que los trabajadores no valoran del todo. La SSNC
representa un subsidio al empleo informal: los trabajadores reciben beneficios
sociales que ni ellos, ni las empresas, pagan directamente.
El impuesto al empleo formal genera varias distorsiones:
1. Induce a las empresas a evadir el pago de sus contribuciones a la
seguridad social reduciendo su tamaño.
2. Genera elusión fiscal mediante rotación de trabajadores, manipulación
del tiempo de los contratos y formas de contratación.
3. Fomenta el empleo por cuenta propia y la proliferación de empresas
familiares sin relación obrero-patronal.
El subsidio al empleo informal agrava los tres problemas anteriores y
además subsidia la evasión de Impuestos.
Según el Censo Económico de 2008 en México había tres millones 735 mil
347 establecimientos económicos. Del total de esos establecimientos sólo 795
mil 466 estaban registrados en el IMSS. El censo sólo mide la actividad
económica en zonas urbanas que tienen un establecimiento fijo. Prácticamente
todo el empleo urbano y rural no captado en el censo es informal. Comparando
los censos de 1998 y 2008 encontramos que la informalidad de las empresas
aumentó, al igual que la informalidad en el empleo.
México puede estar atrapado en un círculo vicioso de informalidad y baja
productividad. Esto quiere decir que el impuesto al empleo formal fomenta
empresas precarias que evaden y generan malos empleos; también fomenta excesivo
empleo por cuenta propia. Muchos trabajadores quedan excluidos de la SSC.
Esto equivale a premiar con subsidios la informalidad y a estimular su
reproducción, lo cual a su vez redunda en más empresas precarias que evaden y
generan empleos poco productivos, y más empleo por cuenta propia.
La situación plantea un dilema entre productividad y bienestar social.
La informalidad es el resultado de muchas décadas de una economía que ha
gravado el empleo formal y subsidiado el informal.
La raíz del problema está en el financiamiento asimétrico de la
seguridad social en función del estatus laboral del trabajador. Esta asimetría
resulta en que algunos trabajadores tienen derechos de seguridad social y otros
no.
Se puede decir, que los trabajadores formales pagan un impuesto conocido
como contribución a la seguridad social, y otro impuesto conocido como IVA,
mientras que los trabajadores informales también pagan un impuesto, el IVA.
La mezcla también es contraproducente, porque castiga a los empleos
productivos y subsidia a los improductivos, con lo cual todos los trabajadores
pierden, ya que los salarios de todos son más bajos.
Además, esta mezcla genera un problema muy grave: segmenta
permanentemente al país en un sector formal y otro informal, lo cual atenta
contra la cohesión social.
Esbozamos una propuesta de seguridad social universal para otorgar
derechos iguales a todos los trabajadores (menos a los del sector público) independientemente
de su estatus laboral. La propuesta tiene tres partes.
La primera otorga a todos los trabajadores:
1. Un seguro de salud igual al que hoy día reciben los trabajadores
formales (paquete IMSS).
2. Una contribución a la cuenta individual de retiro igual a la que hoy
día recibe un trabajador que gana dos salarios mínimos, pero durante toda su
vida laboral (no sólo cuando es asalariado).
3. Un seguro de invalidez y de vida también con cobertura de dos
salarios mínimos.
La segunda parte agrega para los trabajadores asalariados:
1. Un seguro de riesgos de trabajo y otro de guarderías, igual al que
hoy reciben los afiliados al IMSS.
2. Contribuciones complementarias para pensiones de retiro y para el
seguro de invalidez y vida que igualen las que reciben hoy los afiliados al
IMSS.
3. Garantía de pensión mínima de retiro igual a la que hoy tienen los
afiliados al IMSS.
La tercera parte supone:
1. Transferencias directas a las familias pobres para compensar el
impacto de los impuestos al consumo con que se financiaría el sistema.
2. Compensación a los gobiernos estatales por las menores
participaciones que recibirían dado que parte de los impuestos al consumo
estarían etiquetados para seguridad social.
3. Terminar con el impuesto a la nómina para la vivienda (Infonavit).
4. Absorber el pasivo laboral del IMSS por el gobierno federal.
Los beneficios de la segunda parte, al ser sólo para asalariados, se
pagarían con una contribución patronal sobre la nómina.
¿De dónde saldrían los recursos faltantes? Cálculos con Arturo Antón y
Fausto Hernández sugieren que una homologación de todas las tasas del IVA a
16%, reduciendo al mismo tiempo los impuestos a la nómina.
¿Es posible lo anterior? La recaudación por IVA en 2008 fue de 3.8% del
PIB. La propuesta implica aumentarla a 7.1%. Parece un gran salto, pero esta
cifra es inferior a lo que ya han conseguido recaudar otros países
latinoamericanos con impuestos al consumo.
Si la recaudación fuese menor, el déficit no financiado sería mayor.
Ello requeriría de medidas de ajuste de gasto, medidas adicionales de
fortalecimiento de ingresos (por ejemplo, fijar los impuestos al consumo en 17%
y no 16%), eliminar subsidios regresivos (¡gasolinas!) o reducir los beneficios
propuestos.
Una observación: la Ley del Seguro Social de 1997, que creó el sistema
de cuentas individuales para el retiro, implicó un déficit no financiado de
alrededor de 1.2% del PIB. O sea, en el momento de esa reforma los números “no
daban”. Pero el déficit fue transitorio y se absorbió en tres años.
Todos los recursos de la CSSU entrarían a un apartado nuevo del
presupuesto federal, el Fondo Nacional para la Seguridad Social Universal
(FNSSU), cuyos propósitos serían cuatro.
1. Exigibilidad de los derechos sociales de los trabajadores.
2. Transparencia y rendición de cuentas.
3.
Sustentabilidad
fiscal.
4. Vínculo directo entre beneficios y contribuciones.
El impacto sobre los estados en un principio será que los gobiernos
estatales no tendrían ningún costo financiero.
La propuesta tiene tres impactos sobre las familias pobres:
·
Uno negativo por el
aumento en los gravámenes al consumo.
·
Otro positivo por
acceso a mejores beneficios de seguridad social.
·
Uno más positivo al
eliminarse el impuesto al empleo formal y el subsidio al empleo informal, lo
que permite combatir la pobreza por la vía del empleo productivo. La propuesta
contribuye también a reducir la desigualdad en la distribución del ingreso.
Si esos beneficios se distribuyen de forma pareja entre todos los
quintiles, el resultado neto es una redistribución del 40% de los hogares más
ricos, hacia el 60% de los hogares más pobres.
Todos los trabajadores ahorrarían para su pensión de retiro todo el
tiempo.
La desgravación de la nómina es sustantiva; estimularía decisivamente el
empleo en las empresas formales y legales. Además, como los beneficios comunes
para todos los trabajadores serían financiados de una fuente común ajena al
estatus laboral (el FNSSU), el subsidio a la informalidad desaparecería; ningún
trabajador informal recibiría beneficios de forma gratuita que perdería por
obtener un empleo formal. Por esos dos mecanismos, el resultado sería fomentar
el empleo productivo y desincentivar el improductivo.
Al desgravar más la nómina en los salarios más bajos y eliminar el
subsidio a la informalidad, la propuesta corrige un aspecto particularmente
perverso del sistema actual: que el impuesto a la formalidad y el subsidio a la
informalidad es mayor para los trabajadores de más bajos salarios.
El conjunto de medidas descritas modificaría profundamente la relación
entre empresas y trabajadores en México, para bien de ambos.
Los incentivos a la ilegalidad serían menores. Se reduciría la rotación
de trabajadores inducida por las estrategias de evasión y elusión.
Como conclusión de la propuesta y los datos expuestos, México no debe
construir un Estado de bienestar sobre una base fiscal angosta completada por
la renta petrolera. Tampoco debe combatir la pobreza sólo con transferencias de
ingreso, ni aspirar a una prosperidad duradera sobre el estancamiento de la
productividad; menos debe subsidiar las conductas evasivas y minar el Estado de
derecho.
México necesita aumentar la tasa de crecimiento, para lo cual es
indispensable aumentar la productividad y el ahorro. Debe fortalecer la
inclusión social y la equidad, construyendo un Estado de bienestar moderno y
eficaz. Debe acelerar el combate a la pobreza, reconvirtiendo empleos
improductivos a productivos. Debe, finalmente, fortalecer su democracia,
estableciendo un vínculo claro entre derechos y obligaciones.
Tenemos que transitar simultáneamente por la ruta de la equidad y de la
productividad, no una a costa de la otra, o sólo una y no la otra.
miércoles, 7 de noviembre de 2012
El nuevo paradigma mexicano
La herencia
del nacionalismo revolucionario estableció tradiciones indesafiables:
nacionalismo energético, congelación de la propiedad de la tierra, sindicalismo
monopólico, legalidad negociada, dirigismo estatal, “soberanismo” defensivo,
corrupción consuetudinaria.
Los años de
la democracia han traído al primer plano de la vida pública al menos el inicio
de un nuevo paradigma nacional, una visible convergencia de la mayoría de los
mexicanos en torno a valores y exigencias que pueden parecer normales en cualquier
democracia y cualquier economía modernas, pero que no se han vuelto parte del
paisaje de México sino en los últimos años, justamente con la apertura de su
vida política a la competencia democrática, y de su economía al libre mercado y
la globalización. Digamos diez:
·
La convicción de que no hay otra vía legítima para
alcanzar el poder o conservarlo que las elecciones y que éstas deben ser:
libres, equitativas, minuciosamente democráticas.
·
La exigencia de transparencia y rendición de cuentas en
todas las instancias de gobierno y de todas las formas de ejercicio del poder.
·
El compromiso universal con los derechos humanos, con la
vigencia del Estado de derecho, la igualdad ante la ley y su contraparte: el
repudio a la impunidad y al privilegio.
·
La exasperada demanda en una solución de fondo,
propiamente histórica, a la baja calidad de las instituciones de procuración de
justicia y seguridad pública.
·
El imperativo moral de combatir la pobreza, asociada a la
alta expectativa de un sistema de seguridad social universal que acompañe y
consolide el paso de una sociedad históricamente desigual extrema a una de
clases medias mayoritarias y homogéneas.
·
El rechazo a toda política de déficit públicos,
desequilibrios macroeconómicos o discrecionalidad gubernamental en el ejercicio
del gasto público.
·
Una cultura pública contraria a la lógica abusiva de
monopolios, oligopolios y poderes fácticos.
·
Una apertura a las ventajas de la globalización, el libre
comercio y la integración económica con América del Norte.
·
Un rechazo a la violencia y la exigencia de un Estado
fuerte capaz de contenerla, tarea primera de un Estado que es dar seguridad a
sus ciudadanos.
·
Una difusa, frustrada, incrédula pero potente aspiración
de crecimiento económico, oportunidades, empleos, creación de riqueza y
prosperidad.
El
nacionalismo revolucionario que engendró al PRI ha sido desplazado a fuego
lento por este nuevo paradigma, que la campaña presidencial y los resultados
electorales del 2 de julio de 2012 dejaron ver con claridad, aunque no otorgaran
a nadie un mandato único para llevarlo a cabo.
Las
elecciones de 2012 volvieron a poner a México en la situación de un gobierno
dividido, con una izquierda más inclinada a bloquear que a inducir reformas
modernizadoras, y una rivalidad del PRI y el PAN que podría echar por tierra en
la lucha política de cada día los ostensibles acuerdos estratégicos que ambos
partidos comparten sobre los cambios de fondo que el país necesita.
Conviene
recordar que la alianza del PAN y del PRI es la que ha hecho las reformas
fundamentales del México moderno desde el año de 1988.
Lo cierto es
que el PAN y el PRI pueden volver a ser aliados en los años que vienen pues
coinciden en cuestiones fundamentales.
Creemos que
la restauración en un sentido estricto, y aun en el laxo, no parece una opción
clara y viable para nadie, empezando por el nuevo gobierno, cuyas acciones
estarán severamente limitadas por un balance de poderes de realidad innegable.
Históricamente en México quien dice restauración dice también populismo, alude
a las peores tradiciones del PRI: un Estado autoritario, sostenido en la
cooptación de clientelas.
La
democracia ha exhibido y desacreditado los restos, pero no los ha erradicado.
Los grandes sindicatos públicos son más fuertes y más autónomos que nunca, lo
mismo que los monopolios estatales y los privados.
La paradoja
es que esos mismos fragmentos conspiran contra la posibilidad de la
restauración de un poder presidencial que pueda someterlos. El PRI puede no
haber cambiado, pero el país sí. Peña Nieto es el primer presidente de la
historia del PRI electo por sufragio universal y no por el famoso “dedazo”.
Como
presidente, Peña Nieto, no tendrá mayoría absoluta en ninguna de las cámaras,
tendrá que lidiar con el contrapeso de un gobierno dividido y tendrá frente a
sí, en el Distrito Federal, al segundo personaje electo más poderoso del país,
el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.
El nuevo
mandatario deberá convivir con una considerable diversidad de instituciones
autónomas que el país ha construido en estos años, y que no son simples cajas
de registro de instrucciones de la presidencia. Estas son: la Suprema Corte de
Justicia, IFE, el Banco de México, Instituto Federal de Acceso a la Información,
Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INEGI.
También
juegan como frenos a la restauración, aunque en ocasiones su calidad deje mucho
que desear, los medios de comunicación mexicanos, más libres y poderosos que
nunca.
La relación
de México con el mundo también ha cambiado y es una bienvenida camisa de fuerza
contra las antiguas discrecionalidades nacionales.
Si el
paisaje de los contrapesos a una restauración es convincente, el de las
convergencias hacia el futuro en reformas clave para el país es prometedor y ha
sido premiado abrumadoramente por los votantes. Unas semanas antes de la
elección presidencial de julio de 2012, les fueron planteadas a los candidatos
algunas preguntas clave sobre sus planes de gobierno. Los consensos de sus
respuestas muestran un ánimo de acelerar el cambio, no de contenerlo. Usamos la
palabra consenso en su sentido estricto: unanimidad.
Todos los
candidatos coincidieron en estas cinco cosas: 1. Seguridad: Más y mejores
policías y retiro gradual de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad
pública. 2.
Corrupción: Creación de un organismo o de una comisión nacional
contra la corrupción. 3. Educación: Evaluación independiente del sistema
educativo. 4. Hacienda: Supresión de exenciones y privilegios fiscales. 5.
Procuración de justicia: Autonomía técnica del Ministerio Público.
Se diría por
estas convergencias programáticas, premiadas electoralmente por casi el 70% de
los votos, que el país está en el camino de terminar su transformación política
y económica, más que en el ánimo de echarla para atrás. Por lo que hace al PRI
y al PAN existe hoy una complementariedad sin precedente en sus agendas y están
relativamente claros los términos del intercambio.
Para hacer
un gobierno exitoso, de altos rendimientos económicos y sociales, el PRI
necesita las reformas que él mismo ha contribuido a detener en estos años: en
el ámbito energético, fiscal, laboral y educativo. El PAN quiere a cambio tres
o cuatro reformas políticas de la mayor importancia: reelección de legisladores
y alcaldes, la segunda vuelta en la elección presidencial, referéndum
vinculante para cambiar la Constitución y reforma de los sindicatos públicos
con tres decisiones clave: fin a la retención y entrega de cuotas sindicales
por el gobierno, fin a la llamada “toma de nota”, mediante la cual el gobierno
reconoce a las dirigencias sindicales, y fin a la cláusula de exclusión,
mediante la cual un sindicato puede expulsar del trabajo a quien no se
subordina política y laboralmente a sus criterios. Peña Nieto ha manifestado su
desacuerdo tajante o con matices a todos estos puntos.
El periodo
que va de la elección en julio hasta la toma de posesión en diciembre tiende a
ser de zozobra e incertidumbre. Es un timing institucional absurdo que hace
convivir por demasiados meses a un gobierno saliente que es perro sin dientes y
a uno entrante que no puede empezar a gobernar.
El
sufrimiento enseña y los gobiernos entrante y saliente de 2012 han tratado de
negociar en mutuo beneficio un interregno productivo, vale decir: un periodo de
sesiones del nuevo Congreso (septiembre-diciembre) donde puedan acordarse ya
algunas reformas clave que cuelguen medallas en el pecho del gobierno saliente
y limpien el terreno para el entrante. Los meses del interregno transcurrido
desde las elecciones de julio parecen los más prometedores de mucho tiempo.
El resto de
la agenda congresional para el interregno y los primeros meses del nuevo
gobierno, va en el rumbo del nuevo paradigma. Se han planteado, propuesto o
comprometido por el nuevo gobierno cambios legislativos para dos tipos de
reformas: las de carácter estructural y las derivadas de la coyuntura política
posterior a las elecciones.
El fragor de
la batalla electoral trajo a la agenda tres reformas de coyuntura, destinadas a
satisfacer reclamos de la opinión pública y de la oposición. Lo importante no
será tanto cuántas reformas se aprueben sino cuántas señales trascendentes
puedan enviarse desde el gobierno y el Congreso sobre el lugar adonde se quiere
ir, como Estado y como país. A nuestro juicio, tres señales fundamentales
serían las siguientes:
·
Primero, poner fin al tabú petrolero mediante una reforma
constitucional que permita la inversión privada minoritaria en Pemex.
·
Segundo, un plan de inversión pública en infraestructura
de cara al nuevo mapa regional de México, para conectar a las regiones entre sí
y para fortalecer sus vínculos con el resto del mundo.
·
Un aumento sustancial de los recursos públicos atados al
financiamiento de un piso de seguridad social universal, para todos los
mexicanos por el hecho de serlo.
México
necesita una épica de prosperidad, una narrativa creíble de futuro. Puede
montarla sobre los ejes del nuevo paradigma que doce años de democracia han
sembrado al fin en la cabeza de la sociedad mexicana, luego de demoler uno a
uno sus mitos: el mito de la Revolución, el mito del presidente, el mito del
petróleo, el mito del PRI, el mito del enemigo en la frontera norte, y el gran
mito del gobierno que da y la sociedad que recibe.
En
conclusión, el articulo se refiere a que el que el PRI regresara al poder no es
el mismo poder que termino en las elecciones del 2000, ya que en primera México
no es el mismo de antes, ya que se han creado organizaciones y sindicatos de
los cuales tienen mucho poder y no van a dejar regresar al poder populista.
Otra diferencia es que antes cuando el PRI tenia el poder, no era un poder
divido a diferencia de ahorita. Y por ultimo, como es un poder divido, el
partido PRI y PAN han hecho alianzas o llegado a acuerdos los cuales están encaminados
aun progreso.
domingo, 28 de octubre de 2012
Formas de gobierno
Clientelismo: Clientelismo denota
el intercambio de bienes y servicios por apoyo político y votos. Dado que
intenta resolver problemas de distribución y mediar entre intereses diversos,
siempre es político. Sirve para el intercambio mutuo de servicios y bienes
entre dos personas socialmente desiguales o entre dos grupos. Características:
·
Se trata de una relación diádica, en la cual una
persona poderosa (el patrón) pone su influencia y medios en juego para dar protección
o ciertas ventajas a una persona socialmente menos poderosa (cliente) que le
ofrece el respaldo y servicios al patrón.
·
Ocho atributos: asimetría
social de los socios, reciprocidad del
intercambio y dependencia mutua, carácter personal, informalidad, voluntad
limitada, confianza mutua y lealtad.
Fascismo:
Fascismo
es el calificativo que se da al sistema ideológico que se basa en el
nacionalismo extremo (patrioterismo), el antisemitismo y anticomunismo, y tiene
como bases el militarismo, el cristianismo y el tradicionalismo exacerbados. .Los
fascistas justifican cualquier medio violento utilizado para lograr sus fines, todo
con el fin de implantar el nuevo orden, que en realidad sería reimplantar el
viejo orden cristiano. La presencia del fascismo en México se remonta a los
años 20 con la aparición de la Liga Nacional de la Defensa de la
Libertad Religiosa (LNDLR). Características:
·
Nacionalismo poderoso y permanente
·
Supremacía militar
·
Control de los medios de comunicación.
·
Obsesión con la Seguridad Nacional.
·
El poder y la religión están entremezclados.
·
El poder corporativo es protegido.
·
El poder laboral es suprimido.
Estalinismo:
Conjunto de teorías y métodos de Stalin, también llamado estalinismo. En ciencias políticas, estalinismo hace referencia a las ideologías y
prácticas políticas seguidas y propuestas por el líder soviético Iósiv Stalin y
seguidores, como continuación del leninismo. Características:
·
Basado en la teoría Leninista.
·
Socialización en un solo país.
·
Monopolio del poder del estado por parte del Partido
Comunista.
·
Represión de cualquier disidencia.
·
Planificación imperativa de la economía.
·
Fomento de la industria, especialmente la pesada.
·
Culto a la personalidad de Stalin.
Corporativismo:
Sistema
económico formado por corporaciones que participan en la política del Estado. Están
basadas en la solidaridad interna y la defensa de los intereses comunes. Forma
de organización capitalista que se caracteriza por la intervención del estado
en las relaciones productivas, especialmente con la formación de organismos que
integren a trabajadores y empresarios con objeto de evitar las tensiones
propias de un estado democrático. Características:
·
El corporativismo se caracteriza por una rígida
intervención del Estado en las relaciones productivas.
·
Para lograr esta intervención a todos los niveles, se
plantea la creación de sindicatos verticales que permitan el control.
·
Hay un profundo rechazo a toda política económica de
corte marxista.
·
Hay una búsqueda del interés nacional, poniendo bajo
el control del Estado las regulaciones de las relaciones laborales.
·
El partido único dirige el Estado por medio de un
grupo de base reducido que se articula en una pirámide jerárquica, y cuyos
miembros reciben instrucción paramilitar en las milicias.
Representación de intereses: El concepto de representación política describe cómo
el poder político es alienado de un gran grupo y conferido a manos de un
subconjunto más pequeño de tal grupo por cierto período. La representación
usualmente se refiere a democracias
representativas,
donde los funcionarios electos (denominados representantes) hablan en nombre de
sus electores en la legislatura. En general, solo a los ciudadanos se les concede la representación en el gobierno
en forma de derechos de voto; sin embargo, algunas democracias han ampliado aún
más este derecho. Características:
·
Hacer
presentes las voces, opiniones y perspectivas de los ciudadanos en el proceso
de elaboración de políticas públicas.
·
El
gobernante actúa en nombre de los electores.
·
El representado puede castigar al partido político en
las siguientes elecciones.
Neo
corporativismo: Sistema
de mediación de interés, en el cual los grupos que los constituyen están
organizados en un número limitado de categorías singulares, obligatorias, no
competitivas, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas,
reconocidas y autorizadas por el estado, a las que se les concede un monopolio
representativo deliberado dentro de sus respectivas categorías a cambio de
observar ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articulación
de sus necesidades y reivindicaciones. Características:
·
Unidad a través de un esfuerzo de colaboración.
·
Considera que en la vida colectiva todos comparten un interés común, y
la colaboración es un proceso vital mucho más fundamental que el conflicto.
·
Orden, el interés particular se ha de
subordinar a la voluntad general, de ahí que el centro de atención de la
colectividad sea la nación, no la clase, el bienestar general es una supremacía
moral.
·
Considera al éxito como la capacidad de alcanzar los fines colectivos
con eficacia, lo cual quiere decir que es un sistema orientado más hacia los
fines que hacia los medios.
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