Analisis de Seguridad Social Universal en México

• La economía informal, la que no paga impuestos ni otorga seguridades sociales, es una fuente muy importante de baja productividad. 
• La seguridad social en México está segmentada según el trabajo que se tiene. Hay dos grandes clases de trabajadores: asalariados y no asalariados.
• El censo sólo mide la actividad económica en zonas urbanas que tienen un establecimiento fijo. Prácticamente todo el empleo urbano y rural no captado en el censo es informal. 
• Se puede decir, que los trabajadores formales pagan un impuesto conocido como contribución a la seguridad social, y otro impuesto conocido como IVA, mientras que los trabajadores informales también pagan un impuesto, el IVA.
• ¿De dónde saldrían los recursos faltantes? Cálculos con Arturo Antón y Fausto Hernández sugieren que una homologación de todas las tasas del IVA a 16%, reduciendo al mismo tiempo los impuestos a la nómina.
• La propuesta tiene tres impactos sobre las familias pobres: Uno negativo por el aumento en los gravámenes al consumo. Otro positivo por acceso a mejores beneficios de seguridad social. Uno más positivo al eliminarse el impuesto al empleo formal y el subsidio al empleo informal, lo que permite combatir la pobreza por la vía del empleo productivo. La propuesta contribuye también a reducir la desigualdad en la distribución del ingreso.
  
  
  
  

Seguridad Social Universal, un camino para México

Entre 1960 y 2008 el producto per cápita de México cayó 14% comparado con el de Estados Unidos. Esto ocurrió a pesar de que la acumulación de capital y el crecimiento de la fuerza de trabajo en México superaron al de Estados Unidos en 24%.

La explicación a lo anterior, es que la productividad estadunidense creció más rápidamente que la mexicana.

El problema central de nuestro bajo crecimiento no está en la tasa de ahorro ni en la de inversión o en la falta de “creación de empleos”. Crecemos lentamente porque la productividad está estancada. Se invierte en empresas y se crean empleos de baja productividad y para crecer rápidamente se necesitan empresas y empleos productivos.

La economía informal, la que no paga impuestos ni otorga seguridades sociales, es una fuente muy importante de baja productividad. Un peso de capital y trabajo invertido en el sector formal rinde entre 28% y 50% más que el mismo peso invertido en el sector informal. La informalidad se genera por distorsiones del régimen fiscal y de seguridad social.

La seguridad social en México está segmentada según el trabajo que se tiene. Hay dos grandes clases de trabajadores: asalariados y no asalariados. Los asalariados tienen un “patrón” (empresa), cobran un salario y pagan impuestos en el lugar de trabajo. Estos trabajadores son sujetos de la seguridad social contributiva (SSC).

Los no asalariados trabajan por cuenta propia y no reciben un salario sino pagos por comisión o por destajo. Un gran número de empresas evade la ley, y sólo una parte de los asalariados está cubierta por la SSC. Ésos son los trabajadores formales.

Los trabajadores informales son los no asalariados y aquellos asalariados contratados ilegalmente por sus empresas. Reciben beneficios de la SSNC a través de diversos programas dispersos de salud, pensiones de retiro, guarderías y subsidios a la vivienda. No contribuyen para esos beneficios cuyo costo, equivalente en 2008 al 1.25% del PIB, es absorbido ciento por ciento por el gobierno.

La SSC genera un impuesto al empleo formal: empresas y trabajadores pagan por beneficios sociales que los trabajadores no valoran del todo. La SSNC representa un subsidio al empleo informal: los trabajadores reciben beneficios sociales que ni ellos, ni las empresas, pagan directamente.

El impuesto al empleo formal genera varias distorsiones:

1. Induce a las empresas a evadir el pago de sus contribuciones a la seguridad social reduciendo su tamaño.

2. Genera elusión fiscal mediante rotación de trabajadores, manipulación del tiempo de los contratos y formas de contratación.

3. Fomenta el empleo por cuenta propia y la proliferación de empresas familiares sin relación obrero-patronal.

El subsidio al empleo informal agrava los tres problemas anteriores y además subsidia la evasión de Impuestos.

Según el Censo Económico de 2008 en México había tres millones 735 mil 347 establecimientos económicos. Del total de esos establecimientos sólo 795 mil 466 estaban registrados en el IMSS. El censo sólo mide la actividad económica en zonas urbanas que tienen un establecimiento fijo. Prácticamente todo el empleo urbano y rural no captado en el censo es informal. Comparando los censos de 1998 y 2008 encontramos que la informalidad de las empresas aumentó, al igual que la informalidad en el empleo.

México puede estar atrapado en un círculo vicioso de informalidad y baja productividad. Esto quiere decir que el impuesto al empleo formal fomenta empresas precarias que evaden y generan malos empleos; también fomenta excesivo empleo por cuenta propia. Muchos trabajadores quedan excluidos de la SSC.

Esto equivale a premiar con subsidios la informalidad y a estimular su reproducción, lo cual a su vez redunda en más empresas precarias que evaden y generan empleos poco productivos, y más empleo por cuenta propia.

La situación plantea un dilema entre productividad y bienestar social. La informalidad es el resultado de muchas décadas de una economía que ha gravado el empleo formal y subsidiado el informal.

La raíz del problema está en el financiamiento asimétrico de la seguridad social en función del estatus laboral del trabajador. Esta asimetría resulta en que algunos trabajadores tienen derechos de seguridad social y otros no.

Se puede decir, que los trabajadores formales pagan un impuesto conocido como contribución a la seguridad social, y otro impuesto conocido como IVA, mientras que los trabajadores informales también pagan un impuesto, el IVA.

La mezcla también es contraproducente, porque castiga a los empleos productivos y subsidia a los improductivos, con lo cual todos los trabajadores pierden, ya que los salarios de todos son más bajos.

Además, esta mezcla genera un problema muy grave: segmenta permanentemente al país en un sector formal y otro informal, lo cual atenta contra la cohesión social.

Esbozamos una propuesta de seguridad social universal para otorgar derechos iguales a todos los trabajadores (menos a los del sector público) independientemente de su estatus laboral. La propuesta tiene tres partes.

La primera otorga a todos los trabajadores:

1. Un seguro de salud igual al que hoy día reciben los trabajadores formales (paquete IMSS).

2. Una contribución a la cuenta individual de retiro igual a la que hoy día recibe un trabajador que gana dos salarios mínimos, pero durante toda su vida laboral (no sólo cuando es asalariado).

3. Un seguro de invalidez y de vida también con cobertura de dos salarios mínimos.

La segunda parte agrega para los trabajadores asalariados:

1. Un seguro de riesgos de trabajo y otro de guarderías, igual al que hoy reciben los afiliados al IMSS.

2. Contribuciones complementarias para pensiones de retiro y para el seguro de invalidez y vida que igualen las que reciben hoy los afiliados al IMSS.

3. Garantía de pensión mínima de retiro igual a la que hoy tienen los afiliados al IMSS.

La tercera parte supone:

1. Transferencias directas a las familias pobres para compensar el impacto de los impuestos al consumo con que se financiaría el sistema.

2. Compensación a los gobiernos estatales por las menores participaciones que recibirían dado que parte de los impuestos al consumo estarían etiquetados para seguridad social.

3. Terminar con el impuesto a la nómina para la vivienda (Infonavit).

4. Absorber el pasivo laboral del IMSS por el gobierno federal.

Los beneficios de la segunda parte, al ser sólo para asalariados, se pagarían con una contribución patronal sobre la nómina.

¿De dónde saldrían los recursos faltantes? Cálculos con Arturo Antón y Fausto Hernández sugieren que una homologación de todas las tasas del IVA a 16%, reduciendo al mismo tiempo los impuestos a la nómina.

¿Es posible lo anterior? La recaudación por IVA en 2008 fue de 3.8% del PIB. La propuesta implica aumentarla a 7.1%. Parece un gran salto, pero esta cifra es inferior a lo que ya han conseguido recaudar otros países latinoamericanos con impuestos al consumo.

Si la recaudación fuese menor, el déficit no financiado sería mayor. Ello requeriría de medidas de ajuste de gasto, medidas adicionales de fortalecimiento de ingresos (por ejemplo, fijar los impuestos al consumo en 17% y no 16%), eliminar subsidios regresivos (¡gasolinas!) o reducir los beneficios propuestos.

Una observación: la Ley del Seguro Social de 1997, que creó el sistema de cuentas individuales para el retiro, implicó un déficit no financiado de alrededor de 1.2% del PIB. O sea, en el momento de esa reforma los números “no daban”. Pero el déficit fue transitorio y se absorbió en tres años.

Todos los recursos de la CSSU entrarían a un apartado nuevo del presupuesto federal, el Fondo Nacional para la Seguridad Social Universal (FNSSU), cuyos propósitos serían cuatro.

1.    Exigibilidad de los derechos sociales de los trabajadores.

2.    Transparencia y rendición de cuentas.

3.    Sustentabilidad fiscal.

4.    Vínculo directo entre beneficios y contribuciones.

El impacto sobre los estados en un principio será que los gobiernos estatales no tendrían ningún costo financiero.

La propuesta tiene tres impactos sobre las familias pobres:

·         Uno negativo por el aumento en los gravámenes al consumo.

·         Otro positivo por acceso a mejores beneficios de seguridad social.

·         Uno más positivo al eliminarse el impuesto al empleo formal y el subsidio al empleo informal, lo que permite combatir la pobreza por la vía del empleo productivo. La propuesta contribuye también a reducir la desigualdad en la distribución del ingreso.

Si esos beneficios se distribuyen de forma pareja entre todos los quintiles, el resultado neto es una redistribución del 40% de los hogares más ricos, hacia el 60% de los hogares más pobres.

Todos los trabajadores ahorrarían para su pensión de retiro todo el tiempo.

La desgravación de la nómina es sustantiva; estimularía decisivamente el empleo en las empresas formales y legales. Además, como los beneficios comunes para todos los trabajadores serían financiados de una fuente común ajena al estatus laboral (el FNSSU), el subsidio a la informalidad desaparecería; ningún trabajador informal recibiría beneficios de forma gratuita que perdería por obtener un empleo formal. Por esos dos mecanismos, el resultado sería fomentar el empleo productivo y desincentivar el improductivo.

Al desgravar más la nómina en los salarios más bajos y eliminar el subsidio a la informalidad, la propuesta corrige un aspecto particularmente perverso del sistema actual: que el impuesto a la formalidad y el subsidio a la informalidad es mayor para los trabajadores de más bajos salarios.

El conjunto de medidas descritas modificaría profundamente la relación entre empresas y trabajadores en México, para bien de ambos.

Los incentivos a la ilegalidad serían menores. Se reduciría la rotación de trabajadores inducida por las estrategias de evasión y elusión.

Como conclusión de la propuesta y los datos expuestos, México no debe construir un Estado de bienestar sobre una base fiscal angosta completada por la renta petrolera. Tampoco debe combatir la pobreza sólo con transferencias de ingreso, ni aspirar a una prosperidad duradera sobre el estancamiento de la productividad; menos debe subsidiar las conductas evasivas y minar el Estado de derecho.

México necesita aumentar la tasa de crecimiento, para lo cual es indispensable aumentar la productividad y el ahorro. Debe fortalecer la inclusión social y la equidad, construyendo un Estado de bienestar moderno y eficaz. Debe acelerar el combate a la pobreza, reconvirtiendo empleos improductivos a productivos. Debe, finalmente, fortalecer su democracia, estableciendo un vínculo claro entre derechos y obligaciones.

Tenemos que transitar simultáneamente por la ruta de la equidad y de la productividad, no una a costa de la otra, o sólo una y no la otra.

El nuevo paradigma mexicano

La herencia del nacionalismo revolucionario estableció tradiciones indesafiables: nacionalismo energético, congelación de la propiedad de la tierra, sindicalismo monopólico, legalidad negociada, dirigismo estatal, “soberanismo” defensivo, corrupción consuetudinaria.

Los años de la democracia han traído al primer plano de la vida pública al menos el inicio de un nuevo paradigma nacional, una visible convergencia de la mayoría de los mexicanos en torno a valores y exigencias que pueden parecer normales en cualquier democracia y cualquier economía modernas, pero que no se han vuelto parte del paisaje de México sino en los últimos años, justamente con la apertura de su vida política a la competencia democrática, y de su economía al libre mercado y la globalización. Digamos diez:

·      La convicción de que no hay otra vía legítima para alcanzar el poder o conservarlo que las elecciones y que éstas deben ser: libres, equitativas, minuciosamente democráticas.

·      La exigencia de transparencia y rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno y de todas las formas de ejercicio del poder.

·      El compromiso universal con los derechos humanos, con la vigencia del Estado de derecho, la igualdad ante la ley y su contraparte: el repudio a la impunidad y al privilegio.

·      La exasperada demanda en una solución de fondo, propiamente histórica, a la baja calidad de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública.


·      El imperativo moral de combatir la pobreza, asociada a la alta expectativa de un sistema de seguridad social universal que acompañe y consolide el paso de una sociedad históricamente desigual extrema a una de clases medias mayoritarias y homogéneas.

·      El rechazo a toda política de déficit públicos, desequilibrios macroeconómicos o discrecionalidad gubernamental en el ejercicio del gasto público.

·      Una cultura pública contraria a la lógica abusiva de monopolios, oligopolios y poderes fácticos.

·      Una apertura a las ventajas de la globalización, el libre comercio y la integración económica con América del Norte.

·      Un rechazo a la violencia y la exigencia de un Estado fuerte capaz de contenerla, tarea primera de un Estado que es dar seguridad a sus ciudadanos.

·      Una difusa, frustrada, incrédula pero potente aspiración de crecimiento económico, oportunidades, empleos, creación de riqueza y prosperidad.

El nacionalismo revolucionario que engendró al PRI ha sido desplazado a fuego lento por este nuevo paradigma, que la campaña presidencial y los resultados electorales del 2 de julio de 2012 dejaron ver con claridad, aunque no otorgaran a nadie un mandato único para llevarlo a cabo.

Las elecciones de 2012 volvieron a poner a México en la situación de un gobierno dividido, con una izquierda más inclinada a bloquear que a inducir reformas modernizadoras, y una rivalidad del PRI y el PAN que podría echar por tierra en la lucha política de cada día los ostensibles acuerdos estratégicos que ambos partidos comparten sobre los cambios de fondo que el país necesita.

Conviene recordar que la alianza del PAN y del PRI es la que ha hecho las reformas fundamentales del México moderno desde el año de 1988.

Lo cierto es que el PAN y el PRI pueden volver a ser aliados en los años que vienen pues coinciden en cuestiones fundamentales.

Creemos que la restauración en un sentido estricto, y aun en el laxo, no parece una opción clara y viable para nadie, empezando por el nuevo gobierno, cuyas acciones estarán severamente limitadas por un balance de poderes de realidad innegable. Históricamente en México quien dice restauración dice también populismo, alude a las peores tradiciones del PRI: un Estado autoritario, sostenido en la cooptación de clientelas.

La democracia ha exhibido y desacreditado los restos, pero no los ha erradicado. Los grandes sindicatos públicos son más fuertes y más autónomos que nunca, lo mismo que los monopolios estatales y los privados.

La paradoja es que esos mismos fragmentos conspiran contra la posibilidad de la restauración de un poder presidencial que pueda someterlos. El PRI puede no haber cambiado, pero el país sí. Peña Nieto es el primer presidente de la historia del PRI electo por sufragio universal y no por el famoso “dedazo”.

Como presidente, Peña Nieto, no tendrá mayoría absoluta en ninguna de las cámaras, tendrá que lidiar con el contrapeso de un gobierno dividido y tendrá frente a sí, en el Distrito Federal, al segundo personaje electo más poderoso del país, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

El nuevo mandatario deberá convivir con una considerable diversidad de instituciones autónomas que el país ha construido en estos años, y que no son simples cajas de registro de instrucciones de la presidencia. Estas son: la Suprema Corte de Justicia, IFE, el Banco de México, Instituto Federal de Acceso a la Información, Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INEGI.

También juegan como frenos a la restauración, aunque en ocasiones su calidad deje mucho que desear, los medios de comunicación mexicanos, más libres y poderosos que nunca.

La relación de México con el mundo también ha cambiado y es una bienvenida camisa de fuerza contra las antiguas discrecionalidades nacionales.

Si el paisaje de los contrapesos a una restauración es convincente, el de las convergencias hacia el futuro en reformas clave para el país es prometedor y ha sido premiado abrumadoramente por los votantes. Unas semanas antes de la elección presidencial de julio de 2012, les fueron planteadas a los candidatos algunas preguntas clave sobre sus planes de gobierno. Los consensos de sus respuestas muestran un ánimo de acelerar el cambio, no de contenerlo. Usamos la palabra consenso en su sentido estricto: unanimidad.

Todos los candidatos coincidieron en estas cinco cosas: 1. Seguridad: Más y mejores policías y retiro gradual de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. 2.
Corrupción: Creación de un organismo o de una comisión nacional contra la corrupción. 3. Educación: Evaluación independiente del sistema educativo. 4. Hacienda: Supresión de exenciones y privilegios fiscales. 5. Procuración de justicia: Autonomía técnica del Ministerio Público.

Se diría por estas convergencias programáticas, premiadas electoralmente por casi el 70% de los votos, que el país está en el camino de terminar su transformación política y económica, más que en el ánimo de echarla para atrás. Por lo que hace al PRI y al PAN existe hoy una complementariedad sin precedente en sus agendas y están relativamente claros los términos del intercambio.

Para hacer un gobierno exitoso, de altos rendimientos económicos y sociales, el PRI necesita las reformas que él mismo ha contribuido a detener en estos años: en el ámbito energético, fiscal, laboral y educativo. El PAN quiere a cambio tres o cuatro reformas políticas de la mayor importancia: reelección de legisladores y alcaldes, la segunda vuelta en la elección presidencial, referéndum vinculante para cambiar la Constitución y reforma de los sindicatos públicos con tres decisiones clave: fin a la retención y entrega de cuotas sindicales por el gobierno, fin a la llamada “toma de nota”, mediante la cual el gobierno reconoce a las dirigencias sindicales, y fin a la cláusula de exclusión, mediante la cual un sindicato puede expulsar del trabajo a quien no se subordina política y laboralmente a sus criterios. Peña Nieto ha manifestado su desacuerdo tajante o con matices a todos estos puntos.

El periodo que va de la elección en julio hasta la toma de posesión en diciembre tiende a ser de zozobra e incertidumbre. Es un timing institucional absurdo que hace convivir por demasiados meses a un gobierno saliente que es perro sin dientes y a uno entrante que no puede empezar a gobernar.

El sufrimiento enseña y los gobiernos entrante y saliente de 2012 han tratado de negociar en mutuo beneficio un interregno productivo, vale decir: un periodo de sesiones del nuevo Congreso (septiembre-diciembre) donde puedan acordarse ya algunas reformas clave que cuelguen medallas en el pecho del gobierno saliente y limpien el terreno para el entrante. Los meses del interregno transcurrido desde las elecciones de julio parecen los más prometedores de mucho tiempo.

El resto de la agenda congresional para el interregno y los primeros meses del nuevo gobierno, va en el rumbo del nuevo paradigma. Se han planteado, propuesto o comprometido por el nuevo gobierno cambios legislativos para dos tipos de reformas: las de carácter estructural y las derivadas de la coyuntura política posterior a las elecciones.

El fragor de la batalla electoral trajo a la agenda tres reformas de coyuntura, destinadas a satisfacer reclamos de la opinión pública y de la oposición. Lo importante no será tanto cuántas reformas se aprueben sino cuántas señales trascendentes puedan enviarse desde el gobierno y el Congreso sobre el lugar adonde se quiere ir, como Estado y como país. A nuestro juicio, tres señales fundamentales serían las siguientes:

·      Primero, poner fin al tabú petrolero mediante una reforma constitucional que permita la inversión privada minoritaria en Pemex.

·      Segundo, un plan de inversión pública en infraestructura de cara al nuevo mapa regional de México, para conectar a las regiones entre sí y para fortalecer sus vínculos con el resto del mundo.

·      Un aumento sustancial de los recursos públicos atados al financiamiento de un piso de seguridad social universal, para todos los mexicanos por el hecho de serlo.

México necesita una épica de prosperidad, una narrativa creíble de futuro. Puede montarla sobre los ejes del nuevo paradigma que doce años de democracia han sembrado al fin en la cabeza de la sociedad mexicana, luego de demoler uno a uno sus mitos: el mito de la Revolución, el mito del presidente, el mito del petróleo, el mito del PRI, el mito del enemigo en la frontera norte, y el gran mito del gobierno que da y la sociedad que recibe.

En conclusión, el articulo se refiere a que el que el PRI regresara al poder no es el mismo poder que termino en las elecciones del 2000, ya que en primera México no es el mismo de antes, ya que se han creado organizaciones y sindicatos de los cuales tienen mucho poder y no van a dejar regresar al poder populista. Otra diferencia es que antes cuando el PRI tenia el poder, no era un poder divido a diferencia de ahorita. Y por ultimo, como es un poder divido, el partido PRI y PAN han hecho alianzas o llegado a acuerdos los cuales están encaminados aun progreso.